Es un hecho que sin mujeres no hay democracia, lo que implica que debemos estar presentes en la toma de decisiones y participar activamente en la vida política en México, sin que fuera aceptable que tuviéramos poca presencia de mujeres en los cargos de decisión y de elección popular, a pesar de que desde hace más de 70 años somos más del 51% de la población en México -según datos del INEGI- y que somos las que más votamos en las elecciones como indican los estudios realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Por eso, desde hace varios años, en materia electoral se buscó propiciar que las mujeres accedieran a los cargos de elección popular, para lo cual era indispensable que fueran postuladas como candidatas. Así surgieron las cuotas de género que obligaban a los partidos políticos a registrar un mínimo de mujeres en las candidaturas para integrar los órganos legislativos (primero el 30% y después el 40%), que no resultaron tan efectivas porque se postulaba a las mujeres como propietarias de las fórmulas y una vez que asumían el cargo renunciaban para que sus suplentes hombres ejercieran la función (las denominadas “Juanitas”) o las registraban en distritos o entidades en que la fuerza política no tenía posibilidades de ganar (zonas perdedoras).
Afortunadamente, en 2014 se introdujo en la Constitución mexicana el principio de la Paridad de Género que obliga a los partidos políticos y coaliciones a registrar mujeres en la mitad de las candidaturas que postulen, que si bien se acotó a los órganos legislativos, lo cierto es que se amplió este principio al registro de mujeres en el 50% de las candidaturas a Presidencias Municipales y Alcaldías de cada entidad federativa, lo que se conoce como “Paridad Horizontal”, gracias al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Después, la reforma política de 2019 conocida como “Paridad en Todo” exigió la presencia de mujeres en todos los cargos de decisión, incluidos los cargos de elección popular. Este principio fue retomado por el INE para obligar a los partidos políticos nacionales a registrar mujeres como candidatas a las gubernaturas en la mitad de las entidades federativas en que se renovó dicho cargo en 2021 y 2022.
Con base en los resultados obtenidos en los últimos años, se afirma que la paridad ha resultado eficaz para lograr un avance importante de las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular. En 2018, las mujeres alcanzaron el 49.22% (63) de las curules en el Senado de la República, y el porcentaje aumentó al 50% (64) de mujeres como resultado de la elección extraordinaria de una senaduría en Nayarit celebrada el 5 de diciembre de 2021. Desde 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión se integra con un 50% de mujeres; en 27 de las 32 entidades federativas, los Congresos locales se integran con un 50% o más de mujeres, salvo en Durango (48%), Querétaro (48%), San Luis Potosí (48.15%), Chihuahua (48.48%) y Estado de México (49.33%) -entidades federativas en que las mujeres mínimo ocupan un 48% de los escaños-. Por tanto, en los órganos legislativos casi se alcanza la integración paritaria.
Mientras que en los cargos unipersonales de índole ejecutivo. la presencia de mujeres todavía no alcanza la paridad, por lo que falta mucho trabajo por hacer. El porcentaje de mujeres como Presidentas Municipales y Alcaldesas es del 32.53% en 2022, cuando en 2014 apenas era del 7%, lo que implica que en ocho años aumentó un 25%.
En los Poderes Ejecutivos Locales, si bien existía un rezago notable, pues desde 1953 hasta 2020 sólo siete mujeres fueron electas para desempeñar ese cargo, que equivalía al 2% de las 351 personas electas en ese periodo de 67 años; lo cierto es que gracias a que el INE exigió la paridad en las candidaturas a las gubernaturas, entonces se logró que en 2021 fueran electas seis mujeres (40%) de 15 gubernaturas y en 2022 se eligieron a dos mujeres (33.33%) de seis gubernaturas, lo que implica que en julio de 2022 tenemos nueve mujeres gobernando sus entidades federativas que representa el 28.13% de las 32 que integran la República Mexicana, algo que por primera vez ocurre en nuestro país, a saber: Ciudad de México gobernada por Claudia Sheinbaum Pardo (electa en 2018); en 2021, de 15 entidades en seis se eligieron mujeres como gobernadoras (40%), Baja California: Marina del Pilar Ávila (Morena), Campeche: Layda Sansores (Morena), Chihuahua: María Eugenia Campos (PAN), Colima: Indira Vizcaíno Silva (Morena), Guerrero: Evelyn Salgado (Morena) y Tlaxcala: Lorena Cuéllar (Morena); y en 2022, de seis entidades en dos se eligieron mujeres como gobernadoras (33.33%), Aguascalientes: Teresa Jiménez (PAN) y Quintana Roo: María Elena Lezama (Morena).
La pregunta es ¿ahora qué sigue? En mi concepto, respecto de las Presidencias Municipales, Alcaldías y Gubernaturas exigir que los partidos postulen a las mujeres en zonas ganadoras para que tengan más posibilidades de acceder a esos cargos y, muy pronto, lograr la paridad.
También falta que se cumpla lo ordenado en la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados, concretamente que las legislaturas locales (salvo Hidalgo, porque lo reglamentado por Coahuila fue declarado inconstitucional) regulen la paridad en las candidaturas a las gubernaturas, básicamente exigiendo la alternancia entre los géneros; por ejemplo, si en 2023, un partido político postula un hombre a la gubernatura, entonces en la elección siguiente debe registrar a una mujer, y viceversa. Igualmente, el Congreso de la Unión ha sido omiso en cumplir dicha sentencia, que obliga a regular la paridad entre los géneros en las candidaturas a las gubernatura y exigir que en cada año electoral del total de gubernaturas a renovar se obligue a los partidos políticos nacionales a postular mujeres en la mitad de las entidades federativas; por ejemplo, en 2023 se renuevan las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, entonces cada partido nacional tendría que registrar mínimo una mujer en alguna de esas entidades.
Pero algo muy relevante, es lograr que las mujeres que acceden a los cargos de elección popular realmente cuenten con una agenda de género y que tomen decisiones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niñas de México. Además, las mujeres que forman parte de los órganos legislativos deben exigir integrar y presidir las comisiones de más relevancia y estar presentes en las Juntas de Coordinación Política; y las mujeres de todos los partidos políticos deben unirse para apoyar temas de género, porque es la oportunidad histórica que se tiene para hacerlo ante tanta presencia femenina, y dejar de lado las disputas políticas. De hecho, toda la sociedad debemos unirnos por el bien de México.
Adriana Favela Herrera
Consejera Electoral del INE
