Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional mantuvo el compromiso asumido por el gobierno federal de que su mando sería civil.
Ello, a pesar de que en toda la formulación previa, en el periodo de transición posterior a la elección federal de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador dejó entrever su intención de que el nuevo cuerpo de seguridad nacional estuviese supeditado a la Sedena.
Como era de esperarse, ante esta sugerencia la sociedad civil reaccionó con un rechazo unánime. El recién electo presidente de la Republica había transitado una campaña de décadas criticando las estrategias federales que sacaron al ejército de sus cuarteles.
Todavía circulan en YouTube los videos de campaña contra la militarización: “Es innecesario. El ejército no está para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”, expresaba el entonces candidato.
Ahora la misma persona, ya como presidente de la República, se ha empecinado en una militarización de la vida pública nacional.
Las fuerzas armadas no solo han sido la principal fuente de elementos de la Guardia Nacional, en detrimento de su carácter civil mandatado en la Constitución: lo mismo construyen edificios que vigilan y operan aduanas que aeropuertos, que tren Maya, y la lista aumenta cada día.
¿Qué cambió? El poder.
Desde el mullido sillón en del Palacio Nacional, la visión ha cambiado.
Ahora amaga el presidente con decretar que la Guardia Nacional se incorpore totalmente a la Sedena, vulnerando el orden constitucional. ¿Va en serio o es cortina de humo?
Como quiera que sea, se trata de una ligereza en el trato y uso del poder de una institución como es la presidencia de la República. Toca a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil que una institución tan relevante como la Guardia Nacional no se convierta en el ejército a las calles.
