¡Ya es Ley Federal la Violencia Vicaria! Se publicó en el DOF como un delito a través de interpósita persona

La violencia vicaria es una violencia machista y normalizada en el mundo, y es ejercida en contra de las mujeres que son madres en el que utiliza a sus menores hijas e hijos para violentarlas y tener un control de chantaje emocional, psicológico o económico, y ha sido oficialmente reconocida en el Diario Oficial de la Federación, en el reciente decreto emitido en el se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, lo cual es un paso significativo hacia la protección integral de las niñas, niños, adolescentes y maternidades en México.

En esta Ley aprobada, reconoce la inclusión del concepto “Violencia a través de interpósita persona” o violencia vicaria, que amplía el concepto sobre las diversas formas de agresión que pueden afectar a mujeres y sus hijos, considerando relaciones pasadas o presentes. Este enfoque preventivo y proactivo es esencial para abordar situaciones de riesgo y violencia. Esta Iniciativa de Reforma es una propuesta de Ley Integral de Violencia Vicaria, presentada por la senadora Malú Micher, el senador José Narro Céspedes, la diputada Julieta Vences y diputadas que integran las comisiones de igualdad de género e infancias en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como el apoyo de las colectivas que llevan la agenda de las mujeres en temas de violencia vicaria, en el que destacan las aportaciones jurídicas para realizar esta ley del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

La Reforma de Ley de Violencia Vicaria, también establece modelos de atención, prevención y sanción que reconocen la complejidad de la violencia familiar y de la violencia por interpósita persona “violencia vicaria”, que se manifiesta a través de las amenazas de prohibir a las mujeres a que convivan con sus hijos en caso de separación, sustracción, retención, así como el impedimento de pago de pensión alimenticia o condicionamiento del mismo, con delitos de feminicidio o infanticidio como formas más extremas de esta violencia.

Las reforma integral de violencia vicaria, busca entablar atención especializada y gratuita a las víctimas de este delito, junto con la prohibición de que la misma persona brinde atención tanto a la víctima como al agresor, lo cual, refleja un compromiso serio del Estado en garantizar la seguridad y derechos de las mujeres. Anteriormente, en el fallido diseño institucional del poder judicial, se habían permitido grandes vicios – algunos subsisten- como el hecho de que los jueces y magistrados federales no tienen impedimento en que sus compañeros o amigos sean quienes revisan sus casos personales cuando le han robado a sus hijos la oportunidad de crecer con una madre, lo cual se convertía en un círculo vicioso de impunidad y nepotismo, en el que no se aplica aun en este tipo de juicios una justicia con perspectiva de género y familiar.

En el mismo sentido, esta Reforma tipifica el delito de violencia a través de interpósita persona, la consideración de estas formas de violencia como causales de divorcio, pérdida de patria potestad y restricciones en el régimen de visitas son medidas contundentes. Estos cambios no solo buscan sancionar, sino también prevenir y proteger a las víctimas del sufrimiento de perder a sus hijos e hijas.

Sin duda, la responsabilidad del Estado en promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus hijos e hijas, fuera del país, por lo que esta legislación busca asegurar que ninguna mujer sufra violencia sin recibir la debida atención y protección, incluso cuando se encuentre en el extranjero.

En esta ruta legislativa queda un gran trabajo que recorrer en los Estados, ya que es imperante realizar la armonización legislativa en los Congresos Locales y adecuar las leyes a la Reforma de violencia vicaria, así como efectuar convenios de colaboración  con las instituciones gubernamentales e instancias correspondientes de los 3 niveles y 3 poderes de gobierno, para implementar una verdadera protección y atención integral a las mujeres madres y a los hijos e hijas que son víctimas de este delito.

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