-“Escucha bien Pepito, cuando vayas a la escuela, no importa lo que hagas, digas o pienses, te van a detener y te van a meter a un salón por el tiempo que sea necesario. Te pondrán un apodo y te crearán una fama con la que vas a tener que vivir, y tu familia también, además tendrás que aprender a lidiar con ello por el resto de tu vida.
-Pero si yo no hice nada mamá.
-Eso no importa. Todos te atribuyen millones de historias en contra de tus compañeros, maestros, y el director de la escuela se las creyó. Ya nadie confía en ti y él para justificarse necesita hacer justicia.
-Entonces mejor no voy a la escuela mamá.
-Debes ir, porque si no lo haces serás el niño malo para siempre. Debes probar tu inocencia y defenderte como puedas.
-Mejor que ellos lo prueben, yo soy inocente mamá. Es puro chisme.
-No entiendes nada, Pepito. Haz lo que te digo, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.”
Esta es la historia de la prisión preventiva oficiosa y no es una creación de López Obrador. Son años de aproximación al poder y la misma cantaleta de siempre. Sin embargo, con el presente gobierno no hay cambio, incluso, hay una mayor presión pública.
Eso es lo que pretende modificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de lo que muchos no están de acuerdo, incluyendo el propio Presidente de la República. Es una historia que data de la Constitución Federal de 1917 y que todos los titulares del Ejecutivo han utilizado para crear una historia de justicia y de Estado de Derecho. Sobre todo, es una historia que revela una realidad que desde hace años ningún gobierno ha podido esconder, y el de Andrés Manuel no es la excepción. Las cifras son escalofriantes. Más del 94% de los delitos cometidos en nuestro país no se denuncian, y menos del 1% son resueltos.
Por otro lado sólo el 10% de la población confía en los Ministerios Públicos y las Entidades peor calififcadas son Ciudad de México, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila, Morelos, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Puebla, Michoacán y Guerrero.
Claro que hay una relación entre presupuesto invertido y resultados en la procuración de justica; entre formación de los ministerios públicos y garantía en la investigación y los resultados de la misma; sobre todo entre la tolerancia de la corrupción o no.
Sin embargo, la visión que se ha tenido en este país de la prisión preventiva oficiosa es absolutamente ridícula, trágica y extremadamente ofensiva. En términos reales y crudos, la prisión preventiva va dirigida al 1% de todos los casos de delitos (supuestos) que existen en el país, y en muchos de los casos son delitos fabricados, donde participan las mismas autoridades y que se aprovechan ahora de la conformación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para crear enemigos.
Repito e insisto, es un mecanismo para crear enemigos a los que se les puedan fabricar delitos para lo que solo bastan dos testigos, un ministerio público corrupto, y presionar a un juez de control -donde por cierto, la mayoría de ellos no tienen mayor idea sobre la ley y la justicia que la que puede tener un taxista o un mecánico. Con veinte mil pesos se puede conseguir una orden de aprehensión tocando los botones correctos. Conozco de estos casos, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que dan ganas de llorar por la estupidez contumaz institucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general la tendencia mundial y los Tratados Internacionales justamente con este contexto en mente han privilegiado la presunción de inocencia, que obliga a una profunda y sería investigación, y crea supuestos en los que los controles son más estrictos, para garantizar lo más posible los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Es decir, que no suceda lo que a Pepito, donde el director de la escuela por puros dichos pretende castigarlo con tal de salvar su pellejo. Porque eso es lo que defiende López Obrador y todos aquellos que como su vocero metido a jurista Jesús Ramírez, defienden la prisión preventiva oficiosa solamente salvar su pellejo.
Que no se investigue, que no se tomen las acusaciones o defensas con seriedad, que no se deba llevar a cabo un verdadero esfuerzo institucional y profundo para modificar la situación actual del país, de ineptitud, corrupción y ceguera de ministerios públicos; delitos creados; enemigos construídos; jueces incompetentes, etc. Esa es la apuesta que ha llevado a cabo el actual gobierno y los pasados también.
En resúmen, que primero se encarcele y luego se investigue. Así, a lo mejor se concentran en el acusado y no en todo lo demás, que es lo que verdaderamente importa. Institución, formas, pruebas, sentencia. Imaginemos que la prisión preventiva oficiosa fuese eliminada del sistema y que la prisión sólo es aplicada después de una sentencia firme. Las cárceles estarían prácticamente vacías.
Por ello, es mejor que sólo se suelte el golpe y luego se pida perdón. Así “nadie” se da cuenta de la ineptitud del gobierno. Tampoco es un asunto de blancos o negros, porque sin duda hay excepciones, en las que desde un inicio los acusados deberían ser detenidos, retenidos y procesados. Sobre todo cuando del expediente sí existe un riesgo notorio, probado, y plenamente justificado. Pero eso es parte de la ya mencionada minoría de delitos que se persiguen (insistimos en ese 1%).
Este gobierno enfrenta ya varios aspectos por los que el país simplemente no funciona, es más, por los que vamos en franco retroceso. Ahora, la justicia es uno más. Por ello y por el bien de México, esperemos que la Corte ejerza su función de manera independiente, y sin presión alguna.
Y no es pregunta.
@MarthaGtz
