Lo que debería ser un centro especializado en sanación y cuidado se enfrenta hoy a un severo escrutinio público y legal. El Hospital de Salud Mental para Mujeres “José Sáyago” es objeto de una serie de denuncias que alertan sobre condiciones críticas de maltrato, aislamiento forzado y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las 114 mujeres que permanecen internadas en la institución. La gravedad de los señalamientos ha llegado al Senado de la República, donde la legisladora Maki Esther Ortiz Domínguez exigió una intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para revisar las condiciones de vida de las pacientes.
El reporte presentado advierte que las internas no están recibiendo una terapia adecuada, sino que son víctimas de un modelo de reclusión punitiva que parece priorizar el castigo sobre el tratamiento médico, utilizando el aislamiento indebido como método de control. Ante este panorama, el exhorto presentado solicita no solo la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, sino también la entrada urgente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para realizar una inspección exhaustiva que garantice la integridad física y emocional de las mujeres.
Un punto fundamental en el análisis de esta crisis es la propuesta de transformar la operatividad del centro bajo una perspectiva de género real y efectiva. Diversas voces y especialistas coinciden en que, para erradicar la violencia institucional, es indispensable que un hospital que atiende exclusivamente a mujeres sea operado y dirigido por personal femenino en todos sus niveles: desde la administración y el cuerpo médico hasta las áreas de seguridad y enfermería. Esta medida no es solo administrativa, sino que constituye una salvaguarda esencial para generar un entorno de confianza, empatía y protección contra cualquier tipo de abuso de autoridad o violencia de género.
El objetivo de esta movilización legislativa es claro: que el Hospital “José Sáyago” deje de funcionar como un espacio de encierro que profundiza la vulnerabilidad y se convierta en una institución de tratamiento digno y rehabilitación efectiva. El debate nacional pone sobre la mesa que el Estado tiene la obligación ineludible de vigilar lo que ocurre detrás de los muros de las instituciones de salud, garantizando que la salud mental sea tratada como un derecho humano y nunca como una justificación para la deshumanización.
