Hace algún tiempo, una madre en busca de su hija desaparecida años atrás me dijo algo que me hizo tener otra perspectiva sobre lo que viven las personas víctimas de desaparición forzada en México: “cada vez que voy ante una autoridad me enseñan expedientes llenos de hojas, pero no me dicen lo que quiero saber ¿dónde está mi hija?”

Como ella, miles de madres buscan a sus hijos, hijas y familiares desaparecidos, muchas veces excavando fosas con sus propias manos. Sin embargo, nos pasan desapercibidas, hemos “normalizado” la situación; la indiferencia social se suma a la negligencia, la colusión de las autoridades y la impunidad del Estado.

En el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México “considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.”

En el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, se contabilizan más de 99 mil de 1964 a la fecha. En lo que va de la presente administración son más de 30 mil personas, de ellas van 2, 307 en este año; y a lo largo de la línea del tiempo las desapariciones se han concentrado en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México y recientemente en Nuevo León y Zacatecas.

De acuerdo con el Informe del Comité “las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.”

Además, el Comité advirtió sobre información preocupante que recibió tanto de autoridades como de víctimas sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas, que lo llevan a afirmar que “las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.” Este panorama se ha visto agravado por la militarización de la seguridad pública y la constante violación a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales.

Ante esta terrible realidad, tenemos un presidente que ha decidido cerrar los ojos, dar la espalda a las víctimas al no iniciar el proceso de justicia restaurativa, aventar culpas. Pero como dijeron los colectivos que en diciembre le trajeron las fosas al Palacio nacional: “nuestros desaparecidos, también son sus desaparecidos”. Si no actuamos, cualquier día puede ser un hijo, hija o ser querido quien esté en calidad de desaparecido.

Nos toca insistir en las condiciones mínimas que estableció el Comité para una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva: reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad; abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; e implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país.

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