En el marco del Día Internacional de las Mujeres, integrantes de: Por el
derecho al cuidado y una vida libre de violencia; Kali Korima; Madres
viviendo violencia vicaria y Colectiva madres exigiendo justicia contra la
violencia vicaria, nos pronunciamos para denunciar una realidad que sigue
siendo ignorada: la violencia institucional contra mujeres, niñas, niños y
adolescentes.
Hoy alzamos la voz por las infancias que han sido invisibilizadas dentro de los
procesos judiciales, por las madres que hemos sido revictimizadas en los
juzgados, y por todas aquellas familias que han encontrado en el sistema de
justicia no una protección, sino un nuevo espacio de violencia.
En los juzgados familiares y penales se repiten patrones alarmantes:
- Revocaciones arbitrarias de guardas y custodias basadas únicamente
en dichos de los progenitores, sin periciales, sin investigaciones
completas y sin escuchar a las niñas, niños y adolescentes. - Negativa a otorgar medidas de protección urgentes, incluso cuando
existen indicios de violencia o declaraciones de las propias infancias. - Reapertura reiterada de carpetas de investigación sin elementos
probatorios, utilizadas como mecanismos de persecución o presión
contra madres protectoras. - Audiencias realizadas sin garantizar el derecho de defensa, incluso
impidiendo la presencia de imputadas o de sus abogadas. - Decisiones judiciales contradictorias y carentes de perspectiva de
género y de niñez, que terminan privilegiando a agresores por encima
de la seguridad de las víctimas. - Convivencias forzadas entre niñas, niños y presuntos agresores, aun
cuando existen denuncias por violencia o abuso, contraviniendo
recomendaciones internacionales y la jurisprudencia nacional. - Amenazas institucionales hacia las madres, condicionándolas a
aceptar acuerdos bajo la advertencia de quitarles la custodia de sus
hijas e hijos o enviarlos a instituciones. - Diferimiento constante de audiencias, que prolonga el sufrimiento de
las víctimas, el ejercicio de sus derechos y retrasa el acceso a la
justicia. - Omisión en su obligación de garantizar el derecho de niñas, niños y
adolescentes a una vida digna, permitiendo que los deudores
alimentarios evadan sus obligaciones mediante amparos sucesivos,
retrasos procesales y mecanismos dilatorios; traslados la carga de la
prueba a las madres, obligándonos a demostrar lo que el propio
sistema debería investigar de oficio, perpetuando la desigualdad y la
impunidad.
Estas prácticas no son hechos aislados. Son expresiones de una violencia
estructural dentro del sistema judicial, donde persisten la negligencia, la falta
de debida diligencia, la revictimización y la ausencia de mecanismos
efectivos de control sobre quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
Así mismo, denota una ausencia total de articulación entre los poderes
judicial y ejecutivo del estado, que lejos de sumar esfuerzos, se trasladan
culpas entre sí, sin asumir sus responsabilidades, generando un vacío de
protección que vulnera derechos fundamentales.
Cada una de estas omisiones pone en riesgo la vida, integridad y bienestar
de niñas, niños y adolescentes.
Cuando las instituciones fallan de esta manera, no sólo se viola el derecho
de acceso a la justicia, también se reproduce violencia institucional.
El sistema judicial tiene la obligación constitucional e internacional de actuar
bajo los principios de: - Interés superior de la niñez
- Perspectiva de género
- Debida diligencia reforzada
- Acceso efectivo a la justicia
Sin embargo, en múltiples casos estos principios siguen siendo ignorados.
EXIGIMOS: - Que el Poder Judicial garantice la aplicación obligatoria de la
perspectiva de género y de niñez en todas las resoluciones en materia
familiar y penal. - Que se priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes,
garantizando su derecho a ser escuchados y a vivir libres de violencia. - Que se investiguen las conductas de jueces, juezas, ministerios
públicos y personal auxiliar que incurran en negligencia, corrupción,
revictimización o abuso de autoridad. - Que se establezcan mecanismos efectivos de supervisión y rendición
de cuentas dentro del sistema judicial y sus órganos auxiliares. - Que se garantice el acceso a la justicia en plazos razonables, evitando
diferimientos injustificados de audiencias y retrasos en la integración
de investigaciones. - Que se detengan las prácticas de criminalización contra madres
protectoras, particularmente en contextos de violencia vicaria. - Que se implementen protocolos claros para evitar convivencias
forzadas entre niñas, niños y presuntos agresores, cuando existan
denuncias o indicios de violencia. - Que se capacite de manera permanente a todo el personal judicial y
ministerial en derechos de la infancia, violencia vicaria, violencia
familiar y violencia de género. - Que se haga pública la información estadística referente al número
de quejas presentadas contra personal del Poder Judicial y sus
órganos auxiliares, incluyendo: el motivo de las quejas, cuántas fueron
admitidas, el sentido de sus resoluciones, y cuántas fueron
desechadas. - Que se fortalezca el acceso a la información pública en materia
disciplinaria, actualizando periódicamente los datos sobre quejas y
sanciones para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Hoy recordamos que la justicia que no protege a las infancias no es justicia.
Las niñas y los niños tienen derecho a crecer libres de violencia.
Las madres tienen derecho a no ser criminalizadas por protegerles.
Y la sociedad tiene derecho a un sistema judicial que garantice protección,
no revictimización.
Seguiremos alzando la voz hasta que el Poder Judicial cumpla con su
obligación de garantizar verdad, protección y justicia para las infancias y
para las mujeres.
