LA OTRA REFORMA ELECTORAL PENDIENTE

El pasado 28 de abril el Presidente de la República presentó su iniciativa de
reforma constitucional en materia electoral. De ella se desglosan diversos puntos
como el financiamiento a los partidos políticos, el cambio de denominación del
Instituto Nacional Electoral o la eliminación de 200 diputados federales.
No obstante, a dicha reforma deben sumarse también las voces de organizaciones
de la sociedad civil, colectivas y defensoras de los derechos humanos de las
mujeres que históricamente han demandado que las personas aspirantes a cargos
de elección popular atiendan a los valores de un Estado democrático, entre ellos el
no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, delitos sexuales o
como deudores alimentarios morosos.
La erradicación de la violencia en contras las mujeres, niñas, niños y adolescentes
en México requiere del esfuerzo conjunto de todas las autoridades. Por ello, es
que el Consejo General del INE aprobó el formato conocido como “3 de 3 contra la
violencia”, en el cual se solicitaba que las personas que fueran a participar en los
comicios electorales firmaran de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no
se encontraban en la hipótesis de ninguno de estos tipos de violencia.
Esta medida ha resultado fundamental, además de los lineamientos aprobados en
la materia, sin embargo, es trascendental elevar a rango constitucional que
ninguna persona aspirante a obtener una candidatura puede encontrarse en estos
supuestos.
Por ello, es que el pasado 18 de mayo presenté una iniciativa de reforma
constitucional con la finalidad de establecer como requisito de elegibilidad para
diputadas y diputados federales, senadores y senadores, así como del titular de la
presidencia de la República los mismos supuestos que contempla la 3 de 3.

A finales de 2021, el INE informó que solamente 8 de los 32 Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLES) se dieron a la tarea de revisar la veracidad de la
información entregada en el formato “3 de 3 contra la violencia”. En este sentido,
el 26 de abril la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de
Diputados aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo que presenté para
exhortar a los OPLES a que lleven a cabo estas tareas de verificación, pero
también pedir a las autoridades de procuración e impartición de justicia a que
coadyuven con estas actividades, ya que el mismo INE ha informado que muchas
instituciones no han respondido a todas las solicitudes de información realizadas
para confirmar lo vertido en el formato.
Para reforzar esta misión, es que en la misma reforma planteo en los artículos
transitorios que se deberá dotar de facultades a los órganos electorales para
establecer expresamente la competencia de solicitar este tipo de información. De
igual forma estipulo que deberemos legislar para la creación de un Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que es parte importante de la lucha
que se ha impulsado a través de la Ley Sabina.
Esta tarea resulta fundamental, debido a que son pocas las entidades federativas
que cuentan con este instrumento que sin duda puede ayudar a que personas
agresoras no lleguen al ejercicio público.
No tengo duda de que iniciativas como esta deberán forma parte de la discusión
pública de la reforma electoral. En la Cámara de Diputados estamos convencidas
de que las futuras personas servidoras públicas deben tener la suficiente autoridad
moral para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No
me queda duda que queremos seguir dando la batalla por una agenda que ponga
a las mujeres al frente, sus derechos al centro, y a todo agresor fuera de cualquier
puesto de poder o de toma de decisión.

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